Horacio Salgado Fernández - Psicólogo Universidad de Concepción

Para nadie es una novedad que, salvo contadas excepciones, la implementación de políticas sociales en Chile obedece a formatos estandarizados. Cada lineamiento de los programas viene zanjado, previsto y organizado de antemano para que nos otorgue la cifra final, exacta, que integraremos –vanidosamente por cierto- a nuestros marcos lógicos de país en vías de desarrollo. El mundo rural, por supuesto, no queda indemne a los tentáculos de esta maquinaria. A sus aislados confines arriba casi la misma oferta programática del aparato estatal que a los territorios urbanos. Sin embargo, las condiciones del espacio rural son tan distintas a las registradas en el espacio urbano que resulta ilustrativo indagar en ciertos factores que podrían marcar un rumbo afortunado para las prácticas de las ciencias sociales, en general, y de la psicología comunitaria, en particular. En primer lugar, es preciso destacar que debido a la lejanía respecto a los centros urbanos y a la población que poseen estas comunas, la cantidad de profesionales que trabajan en ellas es más bien reducida y, por lo mismo, la llegada de recursos profesionales a estos lugares a través de cualquier medio es –por lo general- bien valorada. En segundo término, las instituciones y organizaciones que operan en los territorios están representadas por actores fáciles de individualizar y contactar. Y por lo mismo, las redes –en todas sus manifestaciones posibles (se puede leer a este respecto el último capítulo de Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria de Maritza Montero)- están bastante visibles. Por lo general, otro elemento destacable es que los actores que ocupan cargos de cierta importancia funcional a nivel institucional son -por razones que nos ahorraremos en esta oportunidad- profesionales relativamente jóvenes. Esta sucinta caracterización –que podría aparecer como solamente descriptiva- evidencia, sin embargo, algunos elementos de poderosa relevancia para los intereses de la psicología comunitaria en su desarrollo teórico-práctico. Señalaré, en función de la rapidez, sólo dos que se me antojan de mayor impacto. Primero, la limpieza y transparencia que supone trabajar en un territorio con actores precisos e identificables, permite visualizar mucho más claramente los componentes de una intervención comunitaria, sus posibilidades, sus avances y dificultades, el proceso que se desarrolla, etc. No es que los procesos sean menos complejos que en los territorios urbanos, sino que los factores sociales involucrados resultan, a mi modo de ver, mucho más identificables. Y esto, presiento, radica en la profunda diferencia de la densidad poblacional. Además, este primer elemento configura enseguida una vía expedita a planificaciones de mediano y largo plazo, con mayor control de externalidades. Y también, probablemente, debiera permitir una mejor valoración de lo efectuado a la hora de una evaluación de impacto. Segundo, la relativa juventud de los profesionales que trabajan en los escenarios rurales, es una potencialidad que -aparte de agilizar decisiones- permite desarrollar verdaderos cambios en los modos de acción de los programas sociales, pudiendo articularlos de un modo más comunitario e intersectorial. En este sentido, tal vez el espacio local sea el único lugar en que la intersectorialidad realmente pueda llegar a significar algo, toda vez que la oferta programática estatal -como ya sabemos- está fuertemente sectorizada y centralizada. Por supuesto, llegar a articular los diversos programas en algo más compacto y acorde a la realidad local es una tensión constante para el profesional, al que por un lado le exigen una meta y por otro tiene la oportunidad de efectuar algo verdaderamente profesional. Ahora bien, y dado lo comentado, me parece justo cifrar expectativas en el mundo rural como un escenario de relevancia creciente para las intervenciones comunitarias, ya sea a través de la oferta programática del Estado o mediante las acción de ONGs y Fundaciones de diversa índole. Pero, también, es justo exigir que dichas intervenciones sean planificadas, ejecutadas y evaluadas de un modo tremendamente profesional, es decir, ético. Pues para nadie es un misterio que, desafortunadamente, un importante número de planificaciones, ejecuciones y evaluaciones de intervenciones comunitarias suele alejarse varios pasos del camino ético, es decir, del camino profesional.

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